Desde el primer día del debate, allá por julio de 2010, las acusaciones privadas y el ministerio público fiscal solicitaron la detención de los juzgados, que gozaban inexplicablemente de libertad, con la sola salvedad de Diaz Bessone, en prisión domiciliaria. En tres oportunidades el tribunal oral federal 2 negó la solicitud, aún cuando la propia corte suprema de justicia estableció los cánones a tener en cuenta en estos casos.
La abogada querellante por la LADH, Leticia Faccendini, nos pusó al tanto de la situación de los imputados y la causa.
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